Desde el 25 de agosto, la Ley de Servicios Digitales (DSA) se ha convertido en obligatoria para las grandes plataformas en línea con más de 45 millones de usuarios activos mensuales en la Unión Europea, incluyendo a gigantes como Google, Facebook, Twitter y TikTok. La DSA establece obligaciones para abordar el contenido ilegal, como el discurso de odio o productos ilícitos, informar a los usuarios sobre cómo denunciar contenido ilegal y prevenir riesgos sistémicos como la desinformación.
La DSA busca crear un entorno digital más seguro y justo, abordando problemas como el discurso de odio y la desinformación
Beneficios de la Ley
Beneficios para los consumidores incluyen un entorno en línea más seguro, mayor transparencia sobre algoritmos y prácticas comerciales, moderación de contenidos más diligente y protecciones contra la publicidad personalizada dirigida a menores y basada en perfiles. Sin embargo, persisten dudas sobre la implementación y aplicación efectiva de estas obligaciones. La aplicación de la DSA dependerá de un control exhaustivo por parte de la Comisión Europea y las autoridades de cada Estado Miembro. Algunas grandes plataformas han cuestionado sus designaciones como VLOPs/VLOSEs, lo que plantea interrogantes sobre su cumplimiento.
Sociedad civil en DSA
CECU destaca la importancia de incluir la visión de la sociedad civil en la implementación de la DSA. Algunas organizaciones ya han pedido a la Comisión Europea que utilice sus poderes bajo la DSA para garantizar que las grandes plataformas informen sobre cómo mitigar riesgos sistémicos en elecciones europeas 2024.
Un hito
En resumen, la DSA representa un hito en la regulación de plataformas digitales, pero su efectividad dependerá de su implementación y control, así como de la colaboración de las grandes empresas tecnológicas.
